LA JUSTICIA SOCIAL Y SU DAÑINA CONSECUENCIA

El discurso de Inclusión y Justicia Social que tanto repiten los políticos para aparentar empatía, sensibilidad y gran inteligencia emocional nos ha llevado a la debacle en la cual nos encontramos en el Puerto Rico de hoy.

Bajo el discurso de la justicia social, brindada gracias a los esfuerzos del gobierno central, se han abrazado políticas que responsabilizan al estado por el bienestar de los ciudadanos irrespecto de cuan anti social sea el comportamiento de estos. Un excelente ejemplo de esto es la violencia e indisciplina en las escuelas.

El estado en vez de limitarse a garantizar el acceso libre de costo a todo ciudadano para obtener una educación elemental, media y superior; se ha arrogado la responsabilidad de que todo niño obtenga esta educación. ¿Cual es la diferencia entre limitarse a garantizar el acceso y arrogarse la responsabilidad de que todo niño tenga acceso? Incontables son las historias de niños y padres que actúan de forma violenta y antisocial cuando interaccionan con los maestros y principales de las escuelas. Niños que no respetan la autoridad, padres que amenazan a los maestros si tratan de disciplinar a sus hijos, padres que no se responsabilizan de el desempeño de los niños en las escuelas y no cumplen con el llamado a reuniones con los maestros de sus niños. En fin padres cuyos valores no incluyen el responsabilizarse por la educación de sus hijos. Sin embargo, el estado hace todo lo posible por mantener a estos niños en las escuelas del estado creando un ambiente de impunidad y distorsionando la experiencia de lo que es aceptable e inaceptable torciendo así los valores de vida de estas personas.

Si el gobierno se limitara a garantizar el acceso a una educación, a todos aquellos que muestren unos valores apropiados, y activamente prohibiera el acceso a una educación a todo niño y padre que no actúe acorde con estos valores estaría promoviendo con esta acción los valores que tanto queremos que se reflejen en el resto de la sociedad. Esta es la misma política que existe en las escuelas privadas. La razón por la cual los padres que se interesan en la educación de sus hijos hacen el sacrificio de matricularlos en escuelas privadas es precisamente el hecho de que no hay duda de quien tiene la autoridad y de que el peso de la misma será administrada sobre aquel que no se alinea a los valores y comportamientos que son aceptables para la misma. No es que los maestros de escuelas privadas sean mejores que las de las escuelas públicas.

Aquellos que abogan por la justicia social no estarían de acuerdo con este tipo de política ya que para ellos el gobierno es el responsable de la educación de los niños y no los padres. Su argumento iría de esta forma, ¿Qué clase de sociedad inmoral abandonaría la educación de un niño irrespecto del comportamiento del mismo y de sus padres? Pero los que abogan por este tipo de política pierden la perspectiva del bien que haría en la sociedad.

Para comenzar, de forma inmediata, todo los pobres que están interesados en la educación de sus hijos tendrían acceso a escuelas de primera con el mero hecho de implantar esta política; esto sin que el Departamento de Educación tenga que gastar nada extra. Ya no sería un privilegio de aquellos que pueden pagar por una educación en una escuela privada el tener acceso a un ambiente de disciplina, autoridad y participación parental. El mensaje que se estaría llevando al pueblo es que la inclusión social significa alinearse a los valores mínimos que la sociedad quiere implantar y no inclusión de cualquiera en la sociedad no importa los valores o falta de los mismos que pueda tener. El gobierno garantizaría el acceso de educación a aquellos que con su comportamiento aporten a la experiencia educativa y cerraría las puertas a aquellos que insisten en mantener comportamientos y valores que le resten a esta experiencia.

Imagínense un sistema donde los hijos de los mas pobres tienen acceso gratis a un ambiente educativo de primera del mismo nivel que cualquier hijo de padres ricos. La cantidad de niños que estarían expuestos a un ambiente propicio de educación se cuadruplicaría en un instante, aún aumentando la cantidad de niños que se verían expulsados ya sea por su comportamiento o el de sus padres.

La Justicia Social como agenda de gobierno es muy dañina en la forma en que se implanta, no solo en el sistema de educación, sino en todos los aspectos en el cual el gobierno se relaciona con el pueblo.

Esto también lo vemos en los residenciales públicos. Dado que el estado no puede garantizar una residencia al 100% de las personas que así lo necesitan, pueden al menos hacer el intento de que solo aquellas familias que muestren un comportamiento y valores deseables sean los que tienen acceso. Con esta política, sin mas gastar, los residenciales públicos se convertirían en complejos donde los niños estarían en un ambiente con otros niños cuyos padres reflejan valores que la sociedad juzga como beneficiosos. A los pobres que viven en estos complejos les imponenos unos estandares tan bajos que es imposible para los niños de padres responsables no verse influenciados por aquellos que vienen de familias disfuncionales. Lo que no permitiríamos en nuestras urbanizaciones se lo imponemos a las familias pobres de este país que buscan ayuda en estos complejos.

Lo que no entienden aquellos que implantan estas políticas es que aún desahuciando familias de estos complejos, que no se alinien a ciertos valores y comportamiento, estos complejos siempre estarán llenos; pero llenos de familias pobres que sí abrazan los valores que la sociedad quiere difundir.

Demás esta decir que muchas familias que ahora no muestran interés por sus niños lo harían una vez sea esta la norma para que el  niño esté en la escuela.

Mucho se puede hacer con aquellas familias y niños que se verían expulsados del sistema al no alinearse a los valores mínimos que la Sociedad quiere implantar. Sin embargo, entrar en este tema es caer en la trampa de los que abogan por la Justicia Social como política gubernamental. Es la trampa de que el gobierno es responsable de esos niños, no sus padres y por tanto no se puede implantar este tipo de política hasta que el gobierno busque alguna otra alternativa para estos padres y sus hijos.

Aún sin tener un programa claro de que hacer con estas familias y sus niños el sistema de educación pública aumentaría en calidad de forma inmediata en la experiencia educativa que se le estaría proveyendo a los niños de este país.

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